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El árbitro no es autoridad para efectos del juicio de amparo

El pasado viernes 15 de mayo de 2015 se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, un criterio jurisprudencial que establece que los árbitros no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.

Esta tesis es muy relevante por varias razones. Primero, porque valida la posición de que el juicio de amparo es improcedente en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal arbitral.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, el artículo 5 fracción II de dicha Ley prevé que el juicio constitucional es procedente contra actos de particulares y que éstos tienen el carácter de autoridad responsable cuando sus funciones estén determinadas por una norma general y realicen actos equivalentes a los de una autoridad. Pretender encuadrar en este supuesto a los tribunales e instituciones arbitrales es bastante desafortunado porque, entre otras muchas razones, ello puede afectar el sano desarrollo de dicho mecanismo en México desde el punto de vista del comercio internacional y la inversión extranjera. Además, resultaría contrario a la voluntad de las partes en cuanto a que desearon sustraer de la jurisdicción estatal, en todas sus manifestaciones, todas las controversias que derivaran de su relación jurídica.

Afortunadamente, el poder judicial realizó una correcta interpretación del alcance del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues estableció que las facultades del tribunal arbitral no están determinadas en una ley general, sino que derivan estrictamente de la voluntad de las partes.

Al respecto, el criterio establece que no cabe considerar que los árbitros realizan actos equivalentes a los de una autoridad, pues “los actos que llevan a cabo son de índole privada y no se rigen por una norma general sino por acuerdo celebrado entre los contratantes, lo que precisamente implica a su vez que no se reúna ninguna de las características por las que se distingue a una autoridad para los efectos del juicio constitucional”.

En segundo lugar y no menos importante, el criterio resulta relevante porque se reconoce que el arbitraje, aun cuando se trata de un mecanismo alterno de solución de controversias, de carácter privado, tiene una función materialmente jurisdiccional.

Así lo establece la ejecutoria que da origen a la tesis mencionada, al decir que “el arbitraje es la actividad desarrollada por las partes y por los árbitros en virtud de la función jurisdiccional asumida por aquéllos, cuyo fin es la declaración de las concretas relaciones jurídicas y la resolución de las controversias sometidas al juicio de árbitros”. Desde nuestro punto de vista, este reconocimiento resulta de gran relevancia para zanjar, de manera paulatina, una discusión ya resuelta en otras jurisdicciones desde hace varias décadas, que sustenta la tesis de que el arbitraje es una institución contractual por su origen, y jurisdiccional por su función.

El texto de la tesis es el siguiente:

 

Época: Décima Época Registro: 2009139 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 15 de mayo de 2015 09:30 h Materia(s): (Común) Tesis: I.8o.C.23 C (10a.)

 

ÁRBITROS PRIVADOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO.

Los artículos 1o. y 5o, fracción II, de la Ley de Amparo establecen que el juicio constitucional es procedente contra actos de particulares y que éstos tienen el carácter de autoridad responsable cuando sus funciones estén determinadas por una norma general y realicen actos equivalentes a los de una autoridad. Ahora bien, el arbitraje privado es el procedimiento basado en la voluntad de las partes, quienes renuncian al conocimiento de la controversia por la autoridad judicial y confían a uno o más particulares (árbitro o árbitros) la decisión de todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación contractual. En ese sentido, debe decirse que aunque los árbitros privados tienen la facultad de resolver los conflictos jurídicos que las partes sometan a su consideración, como ello emana de un compromiso formado entre particulares, la función de los árbitros es privada e igual carácter tienen todas las actividades que desarrollan a fin de resolver la controversia de que se trate, esto es, no son funcionarios del Estado ni tienen jurisdicción propia o delegada, dado que sus facultades derivan no de una norma general, sino de la voluntad de los contratantes expresada en el acuerdo que la ley reconoce, y como quien nombra a los árbitros y determina los límites de su oficio no obra en interés público, o sea, en calidad de órgano del Estado, sino en interés privado, lógicamente las funciones de esos árbitros no son públicas, sino privadas, lo que significa que carecen de imperio, de suerte que no pueden los mismos árbitros conceptuarse como autoridades del Estado ni sus actos son equivalentes a los de autoridad, por lo que resulta improcedente el juicio de amparo promovido en su contra.

 

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 195/2014. Cecilia Flores Rueda y otros. 29 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Abraham S. Marcos Valdés. Secretaria: Patricia Villa Rodríguez.

Esta tesis se publicó el viernes 15 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

Para mayor información favor de contactar a René Irra de la Cruz.

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